martes, 18 de abril de 2017

Maduro ordena activar Plan Zamora tras denunciar que el Departamento de Estado dio luz verde a un golpe de Estado

En transmisión desde el Palacio de Miraflores, el Presidente Nicolás Maduro ordenó a los jefes de las ZODI (Zonas Operativas de Defensa Integral) la activación del Plan Estratégico Especial Cívico-Militar “Plan Zamora” en su fase verde, ante lo que denunció como la activación de un golpe de Estado en Venezuela, autorizado por el Departamento de Estado, que emitió hace unas horas un comunicado. También denunció un llamado hecho por el diputado Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, llamando a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas a desconocer al Jefe de Estado venezolano, lo que configura un delito “y así debe procesarse”. Señaló: “Ha llegado la hora del combate. Alerta pueblo. Estamos en horas cruciales del destino de la Patria. Aquí me encontrarán, siempre al frente”.



Noticia en desarrollo


El Presidente Maduro también anunció que “capturamos uno de los cabecillas del complot militar que venimos desmantelando hace 3 semanas. Se encuentra preso”. Es un militar retirado. También informó que, tras una requisa en trescientos hoteles, “se capturó un grupo comando opositor con armas y planes para agredir a la movilización de la derecha mañana”.


Acompañado por el Vicepresidente Tareck El Aissami y el diputado Diosdado Cabello, entre otros líderes del proceso revolucionario, Maduro indicó que los derechos a la manifestación están garantizados, tanto para los partidarios de la revolución bolivariana en el municipio Libertador, como para la oposición en los otros cuatro municipios de Caracas.


Comunicado del Departamento de Estado


Esta es la traducción del comunicado del Departamento de Estado, publicado por el diario Panorama.


Venezuela ha sido testigo en las últimas semanas de protestas sociales continuas desde que la Corte Suprema demostró su falta de independencia del Poder Ejecutivo a través de una serie continua de decisiones judiciales contra los miembros de la Asamblea Nacional libremente elegida.


Hasta ahora, seis manifestantes han sido asesinados, con cientos de detenidos. Ha habido testimonios creíbles sobre el uso de la tortura por el SEBIN y CICPC. Más manifestaciones han sido convocadas para los próximos días, en particular para el miércoles, 19 de abril.


Instamos nuevamente al Gobierno de Venezuela a que cumpla los compromisos que asumió en el marco del proceso de diálogo respaldado por el Vaticano: celebrar elecciones con prontitud; Respetar la Constitución y la Asamblea Nacional; Que se garantice la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos; Y atender las necesidades humanitarias del pueblo venezolano.


Hacemos eco de la convocatoria realizada el 17 de abril por 11 gobiernos latinoamericanos sobre el gobierno de Venezuela para tomar de inmediato estos pasos para permitir una pronta solución a la grave crisis que afecta a todos los venezolanos y cada vez más a la región.


Instamos nuevamente a los manifestantes a que se expresen de manera no violenta. Deploramos el uso de la violencia contra manifestantes desarmados. En particular, deploramos el uso de bandas armadas colectivas bajo el control político de los líderes del partido PSUV para reprimir a los manifestantes mientras que las fuerzas de seguridad responsables de mantener el orden público permanecen ociosas.


También recordamos a las fuerzas públicas – miembros de la Policía, el Ejército y la Guardia Nacional – así como a los miembros del Poder Judicial, de sus responsabilidades legales y constitucionales de proteger y no impedir las manifestaciones pacíficas.


Los responsables de la represión criminal de la actividad democrática pacífica, del socavamiento de las instituciones y prácticas democráticas y de las violaciones flagrantes de los derechos humanos, serán responsabilizados individualmente por sus acciones por parte del pueblo venezolano y sus instituciones, así como por la comunidad internacional.


 


En inglés:


Venezuela has been witness in recent weeks to ongoing social protests, ever since the Supreme Court demonstrated its lack of independence from the Executive Branch through a continuing series of court decisions against the members of the freely-elected National Assembly.


Thus far, six demonstrators have been killed, with hundreds arrested. There have been credible accounts of use of torture by SEBIN and CICPC. More demonstrations are called for the coming days, in particular for Wednesday, April 19.


We call again upon the Government of Venezuela to fulfill the commitments it made as part of the Vatican-backed Dialogue process last Fall: to hold prompt elections; to respect the constitution and the National Assembly; to provide for the immediate and unconditional release of all political prisoners; and, to tend to the humanitarian needs of the Venezuelan people.


We echo the joint call made April 17 by 11 Latin American governments on the government of Venezuela to immediately take these steps to permit a prompt solution to the grave crisis affecting all Venezuelans, and increasingly, the region.


We again urge demonstrators to express themselves non-violently. We deplore the use of violence against unarmed protestors. In particular, we deplore the use of colectivos – armed bands under the political control of PSUV party leaders – to repress protestors while the security forces responsible for maintaining public order idly stand by.


We also again remind the public forces – members of the Police, the Army and the National Guard – as well as members of the judiciary, of their legal and constitutional responsibilities to protect, not prevent, peaceful demonstrations.


Those responsible for the criminal repression of peaceful democratic activity, for the undermining of democratic institutions and practices, and for gross violations of human rights, will be held individually accountable for their actions by the Venezuelan people and their institutions, as well as by the international community.






Tomado de: Maduro ordena activar Plan Zamora tras denunciar que el Departamento de Estado dio luz verde a un golpe de Estado

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