Texto: AVN
Estos primeros artículos estipulan que los principios y bases para lograr precios acordados se generen mediante un diálogo de corresponsabilidad entre todos los sectores, que den estímulo a la comercialización de 50 bienes y servicios priorizados por el Estado, considerando la estructura de costos en función de la estabilidad de los precios.
En ellos también se establece como finalidades idear una política de precios acordados fundamentada en la paz social, justicia, participación, contraloría social y los Derechos Humanos.
Además, buscan estimular la producción, comercialización y distribución; garantizar la disponibilidad de productos y bienes priorizados según los precios acordados. Asimismo, establece garantizar la soberanía alimentaria, el abastecimiento y el desarrollo económico y la estabilidad de precios.
El artículo tres indica que esta Ley se “aplica tanto a personas naturales como jurídicas de derecho público o privados que participan e intervienen en actividades de producción, almacenamiento, factura, transporte, intercambio, distribución y comercialización de productos priorizados, así como el régimen de importación y exportación”.
Fomentar el diálogo entre los sectores públicos, privados, comunal y los trabajadores es el objetivo del cuarto articulo; al tiempo que el quinto hace referencia a las disposiciones de la ley que en este caso se ratifica de orden público y de interés general.
El último punto aprobado este martes, indica que esta ley debe interpretarse para garantizar la protección de los Derechos Humanos, la seguridad alimentaria, la paz económica, la estabilidad de precios y la defensa de la nación.
Estabilizar la economía nacional
En el debate tomó la palabra el constituyente Eduardo Píñate, quien consideró que este proyecto ley busca estabilizar la economía nacional, sector que ha sido atacado por factores nacionales e internacionales, como parte de la guerra económica y de asedio financiero.
“Creemos que en ese diálogo que se establece en la mesa de precios acordados está la clave para seguir avanzando en el proceso de normalización de la vida económica y del sistema de establecimiento y fijación de precios en Venezuela”, enfatizó, en transmisión de ANTV.
Precisó que el instrumento legal promueve el diálogo con los sectores productivos y de la economía nacional para darle seguimiento y fijar de manera conjunta los precios de 50 productos, bienes y servicios.
“A estas mesas concurren sectores públicos, privados, de la economía comunal y trabajadores organizados, así comos los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT)”, manifestó. Asimismo, precisó que la contraloría social será importante para la consolidación y cumplimiento de esta ley.
En esta línea también coincidió el vicepresidente de la ANC, Aristóbulo Istúriz, quien indicó que señaló que esta ley busca resolver las necesidades del pueblo sin violentar y ahuyentar a productores.
Por su parte, el constituyente Gerardo Barrera, quien también participó en el debate, recalcó que este instrumento jurídico busca blindar la transparencia económica para vencer la inflación inducida, promovida por factores desestabilizadores.
Refirió que la ley es “un diálogo nacional, al cual nos convocó el presidente Nicolás Maduro con sectores productivos de nuestro país, con los campesinos, trabajadores, empresarios, la pequeña y mediana industria para llegar a precios acordados donde nosotros acompañamos al pueblo para vencer la guerra económica”, expresó.
Acuerdos aprobados
En la sesión de este martes, la ANC también aprobó por unanimidad un acuerdo en respaldo al Gobierno Nacional que lleva a cabo el proceso de refinanciación de la deuda externa de Venezuela, y otro que rechaza las sanciones unilaterales impuestas por la Unión Europea en contra del pueblo venezolano.
Al respecto, la presidenta de la instancia Plenipotenciaria, Delcy Rodríguez, refirió que Venezuela es blanco de ataques tras la instalación del Poder Originario, convocado por el presidente Nicolás Maduro ante los planes violentos de la derecha nacional e internacional.
Tras las elecciones del 30 de julio para elegir los miembros de la ANC y el proceso electoral del 15 de octubre en la que se eligieron los nuevos gobernadores de Venezuela, el gobierno de EEUU tomó medidas contra el pueblo, funcionarios y, posteriormente aprobó una orden Ejecutiva que prohíbe las negociaciones de deuda nueva y capital por parte del Estado venezolano y Petróleos de Venezuela (Pdvsa), principal empresa del país.
Ante esta situación, señaló que “la respuesta de nuestro pueblo fue: le vamos a derrotar y los derrotamos en cada evento electoral como va ocurrir con total seguridad el 10 de diciembre cuando libremos nuevamente la batalla de Santa Inés”.
Tomado de: Asamblea Constituyente aprobó los primeros seis artículos de la Ley de Precios Acordados
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